La bomba estalló la semana pasada, el día en que la agente del ministerio público Lidia Bustamante reveló que un colaborador cercano de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal que tuvo a su cargo las pesquisas del caso Ayotzinapa, se había acogido al criterio de oportunidad y había revelado que la llamada “verdad histórica” se fraguó en un cónclave de alto nivel llevado a cabo en Iguala el 7 de octubre de 2014.
La fiscal señaló que el colaborador que había hecho aquella tremenda revelación era nada menos que el entonces secretario particular de Zerón, Bernardo Cano Muñozcano (Curioso: la FGR no reservó su nombre, deferencia que sí tuvo en cambio con el jefe de sicarios de Guerrero Unidos, Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, cuya identidad quedó protegida bajo el nombre clave “Juan”).
Según la fiscal Bustamante, el cónclave criminal en el que se “urdió” la “verdad histórica”, ocurrió bajo la dirección del titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y contó con la presencia del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, del exdirector de la Policía Federal Ministerial Carlos Gómez Arrieta y del exdelegado de la PGR en Guerrero José Luis Martínez Pérez.
No faltaron a aquella junta siniestra de confabulación, en la que, según se dio a entender, se cuadró la versión según la cual los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 habrían sido “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos”, el polémico exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, hoy funcionario estrella del gobierno de Claudia Sheinbaum, y el actualmente prófugo excoordinador antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez.
“En su declaración ministerial, el excolaborador de Zerón agregó que estuvo presente el día del cónclave en el que se urdió el montaje de la llamada ‘verdad histórica’ entre los altos mandos de la PGR y otras instituciones”, se lee en una de las muchas notas que incendiaron la pradera aquel día.
No es la primera vez que los nuevos encargados del caso Iguala tuercen la realidad; no es la primera vez que ponen en marcha, a partir de mentiras, a las hordas fanáticas que los acompañan.
Lamento informar que el exsecretario particular de Zerón no dijo ni de lejos algo semejante a lo que sostiene la fiscalía.
Según la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/000804/2019 –en que se solicita la orden de aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam y que fue consultada por el columnista–, Bernardo Cano Muñozcano compareció ante la FGR el 4 de mayo de 2022, tras acogerse al llamado criterio de oportunidad.
Aunque Cano era director general adjunto del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), sus funciones eran, en realidad, las de un jefe de oficina: funcionaba como sombra de Zerón, lo acompañaba a diligencias y reuniones. No solo eso: solía grabar mucho de lo que ocurría y luego guardaba un respaldo en su propia computadora.
En dicha calidad, cuando la PGR atrajo la investigación Cano acompañó a Zerón varias veces a Iguala. A principios de octubre, se lee en la carpeta, acudieron a una junta en la que estuvieron “el jefe de la zona de militar, Iñaky Blanco, quien era procurador del Estado de Guerrero, el entonces delegado de la PGR en el estado de Guerrero y elementos de la Policía Federal adscrita a Guerrero”.
La reunión “se celebró con la finalidad de conocer los pormenores de la investigación de la desaparición de los estudiantes que había conocido en un primer momento la procuraduría local”. “Recuerdo que Tomás Zerón me instruyó que nos viéramos en el hangar de la PGR en el aeropuerto de la Ciudad de México –agregó– y al llegar, se encontraban ya varios funcionarios de la institución, entre ellos, Vidal Diazleal Ochoa, entonces titular de Cenapi, Carlos Gómez Arrieta, encargado de despacho de la Policía Federal Ministerial, y Gualberto Ramírez, fiscal antisecuestros de SEIDO”.
Cano dijo que al llegar a las instalaciones del 27 Batallón de Iguala se acordó “que solamente accesarían a la reunión los titulares de las áreas, por lo que yo me quedé afuera en el estacionamiento con otras personas que ahí se encontraban”. Según Cano, “al salir de la reunión, Tomás Zerón me comentó que se habían definido las áreas de búsqueda de los normalistas, por lo que a la PGR destinaría elementos de la Policía Federal Ministerial para tal fin”. “No tuve mayor conocimiento de las intervenciones de los ahí asistentes en dicha reunión”, concluyó.
El funcionario relató que en días posteriores ocurrió una segunda reunión. “A esta sí me permitieron entrar para tomar notas (…) Tomás Zerón tenía la instrucción del procurador general de la República de encargarse de tomar el mando de la localización de los estudiantes desaparecidos (…) En dicha reunión se expusieron diversas líneas de investigación, así como estrategias de coordinación interinstitucional, previo el análisis de información que cada una de las instituciones aportaba con el fin de localizar a los estudiantes”.
“En esas reuniones –declaró Cano–, yo no recuerdo que se hayan determinado objetivos o presuntos implicados a detener, sí se habló de hallazgos que hasta ese momento tenía la procuraduría local y se señaló que había que establecer la coordinación de los trabajos a realizar en cuanto a las búsquedas y para determinar las rutas a seguir, con la finalidad de localizar la ubicación de los estudiantes. Ahí se establecieron zonas de búsqueda y el despliegue de la fuerza que sería enviada para localizar a los normalistas”. Cano dice que se estableció una “mesa de inteligencia” para compartir información y que hubo otras reuniones, esta vez con los padres de familia de los desaparecidos y con el abogado Vidulfo Rosales.
Ese fue el “cónclave” del que hablan la 4T, sus propagandistas y sus comisarios. Está en la carpeta y es la primera mentira que se desploma a unos días de que se llevara a cabo la “gran” revelación: la primera de las muchas mentiras con que los encargados del caso aderezan la nueva “verdad histórica” de Iguala.
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