Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado se alzó con la media sanción del proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 miembros actuales a 17. El tema pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde las chances aparecen complicadas, dada la mayoría absoluta -de 129- que se requiere para sancionar la norma.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, pero que sufrió modificaciones durante las negociaciones para poder alcanzar los respaldos necesarios, cosechó este jueves en el recinto 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

A partir de los cambios incorporados, los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron al oficialismo que, con asistencia perfecta, logró los 37 votos para aprobar el texto.

En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó negativamente, al igual que la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Los únicos ausentes fueron Martín Lousteau, diagnosticado con Covid este jueves por la mañana; y la riojana Clara Vega, que dio un discurso pero no estuvo en la votación.

La semana pasada la sesión para tratar el tema se cayó, producto del rechazo de Weretilneck a votar la iniciativa del Ejecutivo tal cual había sido enviada. Así, el Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás y convocó nuevamente a un plenario de comisiones para formalizar las modificaciones que se le iban a introducir al dictamen, basadas principalmente en darle un carácter más federal al Consejo.

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de 20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora nacional la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

El máximo tribunal argumentó que esa norma no respeta el “equilibrio” de los distintos estamentos que conforman el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.

Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el Consejo deberá volver a su composición original, con el presidente de la Corte presidiendo el organismo, en línea con la propuesta que planteaba Juntos por el Cambio.

Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica aún más el trámite en la Cámara baja, que tendría así tres días para tratar el tema, pero los números muestran que no será nada fácil.

De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.

El debate

El encargado de abrir la ronda de oradores fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), quien cuestionó a la Corte Suprema porque “debió hacer un fallo y (en cambio) legisló”. “La restitución de la ley anterior implica arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, estimó el senador jujeño, para quien con esto “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. Por otro lado, destacó la labor llevada a cabo en la comisión.

De la vereda de enfrente, alzó su voz la senadora Beatriz Ávila que rechazó el proyecto del oficialismo al cual describió como “un intento del Poder Ejecutivo de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”. 

Por el contrario, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) defendió el proyecto y lanzó fuertes críticas hacia el fallo de la Corte Suprema, al cual calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”. Además, apuntó contra la gestión de cambiemos y denunció que “quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.

La radical Silvia Giacoppo (Jujuy), autora de uno de los proyectos unificados por la oposición, destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.

“Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó Giacoppo e indicó: “Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”.

Por su parte, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara expresó: “Los ciudadanos deben saber que el Poder Judicial y en este caso la Corte tiene la última palabra respecto a la libertar y el honor de todos”.

“Estamos en la coyuntura de tener que votar un mal menor para evitar un mal mayor”, sostuvo y se sinceró: “No me convence el proyecto de ley, pero no me convence porque surge de un fallo de un órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de otros poderes. Emitió un fallo anticonstitucional porque fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por el Colegio de abogados, que no representa a todos los abogados del país, que pedía tener más abogado dentro del Consejo”.

“La Corte por arte de magia puso en vigencia una ley derogada hace 16 años atrás”, cuestionó la senadora chaqueña y lamentó “estar tratando este proyecto” por un fallo “erróneo”. “La única diferencia que hay entre el proyecto nuestro y el de ustedes es la presidencia de la Corte en la presidencia del Consejo y quienes interpretan que con eso vamos a tener más independencia del Poder Judicial están leyendo al revés”, cerró.

A su turno, el santafesino Dionisio Scarpin denunció: “En el 2006 el kirchnerismo hizo una ley para controlar el Consejo de la Magistratura”, y manifestó: “Hay que fortalecer la independencia de la justicia y hacerla hábil y operativa”.

“En le medio de todo esto están los ciudadanos, la ley que se pide sebe estar en función de eso”, remarcó Scarpin y preguntó: “¿De qué sirve sancionar una ley si en Santa Fe el 35% de los cargos están vacantes hace 7 años? ¿Quién está pensando en la gente y en sus necesidades? Mejorar la operatividad pasa por otro lado y no por bajar el número de las mayorías”.

Su coterránea, Carolina Losada (UCR) expresó: “Tiene que ser un Consejo equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y sería un papelón a nivel nacional e internacional”. A su vez, reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes y a nadie le importa porque este Gobierno esta totalmente desvinculado de la realdad y le niegan el acceso a la justica a los ciudadanos”.

“El kirchnerismo no cree en la independencia de poderes, ni en la república, ni en una justicia independiente. Hay uno de los grandes pensadores kirchneristas habló de un servicio de la justicia y no como un poder. Les cuesta mucho respetar la Constitución Nacional”, apuntó y cerró: “Vinieron en búsqueda de la impunidad”.

Por el lado de la provincia de Tucumán habló el senador Pablo Yedlin (FdT) quien recordó que “el Consejo tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería un total desequilibrio”.

“Si la Corte dijo que es inconstitucional es así. Por lo tanto, los proyectos presentados ambos, tanto de oposición y oficialismo, establecen que la suma de diputados, senadores y del Ejecutivo no logran quórum propio y en ese sentido los proyectos son virtuosos. El fallo inconstitucional no menciona la presidencia porque no está en el espíritu de nuestra constitución”, remarcó Yedlin y celebró la paridad de género que propone la iniciativa.

En otro pasaje, la mendocina Mariana Juri (JxC) cuestionó: “El proyecto lejos de traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un país que necesita el camino contrario. La Corte nos está dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.

En ese marco, recordó que por “culpa de las absurdas peleas del Gobierno” el tema no se pudo tratar en extraordinarias y celebró el trabajo llevado a cabo por Snopek. “Este tratamiento exprés no es culpa e la Corte, sino por culpa de discusiones dentro del Gobierno. Parece un capricho no querer integrar a la Corte para que conforme el Consejo de la Magistratura, es algo caprichoso que no respeta la Constitución y le da poco funcionamiento al Consejo”, apuntó Juri y finalizó: “Encontramos a un kirchnerismo que busca revancha, de defensa de intereses personales”.

El rionegrino Martín Doñate (FdT) destacó el “federalismo y el salto de calidad” que se introdujo en el texto a pedido de su coterráneo Alberto Weretilneck. Por otro lado, denunció que “estamos bajo extorsión de una decisión política de la Corte Suprema que esta decidida a tomar por asalto a otros poderes del Estado”, por lo que expresó preocupación porque “es de una gravedad muy profunda”.

“Este fallo ranquea entre los más delirantes en los últimos años por sus fundamentos, por la antigüedad, porque se arroga facultades vedados por la Constitución como es legislar, ya que nos vienen a imponer tiempos, sino reavivan una ley que ya no existe, que está muerta”, cuestionó el senador oficialista. “La Corte viene a decirnos que esta decidida a recuperar la presidencia del Consejo, a manejar la caja y los recursos del sistema de justicia, dispuesta a profundizar los niveles de extorción y disciplinamiento político del país”, advirtió Doñate.

En su intervención, el radical Luis Juez lamentó “que la política desperdicie una nueva oportunidad”, y señaló que necesitamos “una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna”. “Este es un país con instituciones muy berretas, la Justicia debe ser la peor”, criticó y agregó: ” El Consejo no cumplió nunca, nunca con el objetivo que el constituyente planteaba”.

Por otro lado, la riojana Clara Vega sembró incertidumbre respecto a su voto porque, si bien coincidió en que “tiene que haber paridad de género, en que tiene que estar representado el federalismo porque las provincias somos el último orejón del tarro”, pero lanzó: “La Corte tiene que estar presente, pero no tener doble voto”.

No fue el caso de la cordobesa Alejandra Vigo que adelantó su voto negativo porque “la nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema puntual es “el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”.

“La justicia no va a ser más independiente porque este algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó el rionegrino Weretilneck y comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la realidad. “Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos Somos Rio Negro.

En el tramo final, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que “esta discusión es parte del fracaso de la política”. Para el formoseño, “el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997, que “estableció un equilibrio de los estamentos”. “Del ’97 al 2006 no ha existido error político grosero”, argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma del 2006”.

Sobre esa ley, que recordó tuvo como miembro informante a Cristina Kirchner, quien cerró el debate, se trató de “una mirada ideológica que tiene el kirchnerismo de lo que significa la política y su incidencia en el Poder Judicial”. Recordó entonces que la vicepresidenta, en ese momento senadora, planteaba que “la política tenía que recuperar el centro de la escena que había cedido a los estamentos corporativos”.
“El problema es que se está discutiendo una concepción del poder”, enfatizó el radical y cuestionó: “Ustedes piensan que la política tiene que tener el poder de todo”. “Es un gran error creer que el debate pasó por la Corte. No, no. Es de raíz, es medular, es de fondo. Es concepción política, es de poder. Y nosotros tenemos otra mirada”, añadió.

El jefe del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo Cornejo criticó: “El debate que organiza el Consejo está muy teñido por el funcionamiento del Poder Judicial, se ha hablado muy poco del Consejo y mucho de la Corte Suprema. Algunos de los senadores del oficialismo, particular Parrilli, hizo mención al enorme desprestigio de la Corte. No hace falta hacer encuestas para saber que el funcionamiento del Poder Judicial está desprestigiado en un enorme contexto de deterioro social y económico”.

“Todos los poderes del Estado están desprestigiado, incluso este. ¿Cómo no estarlos? si en casi 40 años de democracia los argentinos tienen menor calidad de vida que la que tenían hace 40 años atrás, no es atribuirle al sistema democrático, sino a malas administraciones de diferentes gobiernos de distintos signos políticos. El aparto estatal ha crecido muy poco en los últimos 40 años”, advirtió.

Le tocó hablar después de Cornejo a la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien confesó estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero “cuando gobiernan en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.
Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina apuntó que a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar tratando el tema.

Con críticas al máximo tribunal, la oficialista habló de “un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición”. “Son muy mandados a hacer para defender la independencia del Poder Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para reprochar que “el poder que ustedes integran no existió hoy en nadie de la oposición”.

También, Fernández Sagasti consideró que “son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es la división de poderes, y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial”.