Con la presencia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca comenzaron los actos en conmemoración de los 215 años del Primer Grito Libertario de América del 25 de mayo de 1809.

Ministerios, embajadas, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y varias instituciones de ese departamento presentaron sus ofrendas florales en la plaza 25 de Mayo en la capital, Sucre.

Además de Arce y Choquehuanca, asistieron al acto ministros de Estado, el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y otras autoridades.

La Cámara de Senadores también presentó su ofrenda, representada por la senadora Silvia Salame y otros miembros de ese órgano camaral.

Los últimos en presentar su ofrenda fueron Arce y Choquehuanca.

Luego de eso, en puertas de la Casa de la Libertad se realizó la iza de la bandera, donde Arce, Choquehuanca y el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, elevaron la bandera nacional, la wiphala y la bandera chuquisaqueña, respectivamente. Mientras las enseñas se elevaban, se entonaba el Himno Nacional, a cargo de la guarnición militar que acompañó el acto.

Al concluir esa actividad, las autoridades regresaron a la plaza 25 de mayo, donde una se celebró la ceremonia interreligiosa.

Liberada la preselección de postulantes para las elecciones judiciales a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el arcismo y el evismo se encuentran enfrentados ahora en el dilema de continuar o no con el proceso suspendido.

Quien puso reparos sobre la situación fue el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Padilla, quien adelantó que el Órgano Legislativo perdió competencia sobre el proceso debido al vencimiento —en su criterio— de los plazos.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita, nosotros, ya no tenemos competencia”, afirmó ayer el legislador a radio Global de Sucre.

Preselección

“Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, justificó.

Hasta ayer, 24 horas después de la decisión del TCP sobre la continuidad del proceso, ninguna de las comisiones había convocado a una sesión sobre el caso.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, demandó la atención de Padilla y de Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución. “Ambos son los presidentes de las comisiones y deben liderar este proceso que, a partir de la sentencia del día de ayer, no tiene ningún obstáculo para llegar a buen puerto”, dijo.

Los responsabilizó del futuro del proceso electoral. “Si Rejas y Padilla hacen su trabajo, vamos a tener elecciones judiciales; si continúan negociando los cargos para llevar a sus padrinos —perdón, a sus ahijados— a las candidaturas, claramente no las vamos a tener. Si dejan de negociar y empiezan a trabajar vamos a tener elecciones judiciales”, espetó.

Elecciones judiciales

Lima se refirió a unos audios que la red DTV difundió a finales de marzo. “Van a ir a visitarte, por fa, ¿ya? Ya ahí hablamos y cualquier candidato que tengas, Miguel, empezá a mandármelo, ¿ya? Voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina todo y con confianza Miguel porfa ¿ya?”, se escucha decir a una mujer, supuestamente en conversación con el senador Rejas.

En la entrevista de ayer, el senador expuso otro argumento y criticó la decisión del TCP. “El TCP fácilmente dice que continuemos, pero también nos dice el problema de las postulantes mujeres indígenas (…), nuevamente nos van a paralizar, nos van a decir ‘están haciendo ilegal’; ya no confiamos”, arguyó Rejas.

“Mientras existan estos magistrados autoprorrogados el proceso de preselección sigue corriendo riesgo”, cuestionó el senador.

Plazos

La Ley 1549, de Elecciones Judiciales, otorga 80 días calendario Asamblea Legislativa para el trabajo de preselección de postulantes, en todas sus fases, y 150 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de las elecciones judiciales.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural comenzaron su trabajo el 16 de febrero con la convocatoria a postulantes y el 19, con el registro.

El proceso debía terminar el 5 de mayo, pero dos recursos lo impidieron: el 16 de abril, una sala constitucional de Santa Cruz falló a favor de Margarita Medrano y el 30 de abril, otra sala constitucional, esta vez de Pando, dejó en fojas cero el proceso y declaró inaplicable la Ley 1549 a instancias de Jeny Dury. Precisamente, el TCP anuló esta última decisión.

El proceso de preselección para las judiciales continúa incierto en la Asamblea Legislativa pese al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio vía libre de continuar con las elecciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó este viernes que tras el fallo del TCP aún no se conoce la fecha de convocatoria por parte de las comisiones mixtas para retomar el proceso de preselección.

“Es de conocimiento que ambos presidentes de las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución (Roberto Padilla y Miguel Rejas) obedecen al radicalismo y penosamente, según datos de sus colegas senadores, recién se va a convocar a sesión a la comisión mixta la siguiente semana”, dijo el legislador.

La Sala Segunda del TCP revocó el jueves el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

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Jáuregui cuestionó que ambos legisladores esperen que pase “el Gran Poder, las efemérides departamentales de Chuquisaca y seguramente cumplir los festejos por el Día de la Madre” para convocar a las respectivas comisiones de la Asamblea.

El legislador señaló que existen varios elementos que se deben analizar, lo cual amerita de una urgente reinstalación de las sesiones de las comisiones mixtas.

En tanto, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que ya perdieron toda competencia, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita nosotros ya no tenemos competencia. Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, señaló Padilla a radio Global Sucre.

Desde la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señaló que la resolución del TCP tiene un fin político y la decisión les es “indiferente” porque no reconocen a los magistrados del Constitucional, debido a que están “usurpando funciones”.

Sin embargo, señaló que está claro que se debe hacer un ajuste de los plazos y esa será la tarea de las comisiones mixtas con un informe previo de cuál es el tiempo “exacto” que garantice la conclusión de la etapa.

Además, indicó que se está consiente que el país necesidad de nuevas autoridades judiciales y si en el escenario del debate y las consideraciones se tiene que dejar de lado las elecciones primarias, “por supuesto se dejará de lado en la Asamblea y se priorizará las judiciales”.

El Gobierno volvió a descartar el traslado del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para el inicio del juicio oral por el caso Decretazo, esto en razón a que no existen las condiciones de seguridad.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reiteró que no se generaron “las condiciones” para realizar el traslado, así como un pronunciamiento serio de parte de la administración de la justicia sobre ese tema.

“Hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico respaldando las condiciones de seguridad para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho para una audiencia en la capital cruceña no se autorizará el mismo”, señaló Limpias, según Unitel.

La audiencia de juicio contra Camacho fue fijada para el 27 de mayo, por lo que la orden judicial dispone que el traslado debe ejecutarse 24 horas antes al inicio de su audiencia. Camacho debe declarar en el proceso del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.

Limpias reiteró que cuando hubo la salida de algún privado de libertad por un tema delicado, se tuvo agresiones físicas no solo a él sino a sus custodios, por lo que espera que el Órgano Judicial y los jueces que están a cargo de ese tribunal les digan “no hay riesgos. Nosotros garantizamos” el traslado de Camacho.

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“Nosotros estamos viendo como Policía Boliviana, porque hay un informe del Comando Departamental y hay un informe de (la administración de la cárcel de) Palmasola. No nos responden qué es lo que va a pasar respecto al traslado de este privado de libertad. Es fácil decir desde un asiento que se traslade a una persona, sin responder el fondo de un informe técnico”.

En esa línea, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que hay informes que se han emitido tanto de Inteligencia de la Policía Bolivia como por la administración penitenciaria respecto a la “conflictividad social” que se pueda generar sobre el traslado de Camacho a Santa Cruz.

“Como ustedes conocen, en el momento de su aprehensión, se han atacado a instituciones, se ha quemado el Ministerio Público, se han tomado aeropuertos internacionales y se ha puesto en riesgo toda la paz social en el municipio de Santa Cruz, por lo cual estos antecedentes justamente han sido valorados por los informes correspondientes, así como también otras posibles situaciones que se pueden generar por un posible traslado de Fernando Camacho”, dijo Ríos.

También reiteró sobre la recomendación que se hizo a los vocales de Sala Penal de Santa Cruz para que se pueda utilizar otros medios electrónicos disponibles, esto en razón a que existen audiencias que se llevaron de manera virtual y existen las condiciones para que puedan desarrollarse de esta manera en el recinto penitenciario de Chonchocoro, como en otros casos.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Luego que el representante de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, señalara que existe “vulneración a los derechos humanos” del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que esas versiones emitidas “no son serias”, debido a que “nunca se requirió una solicitud” de informes.

“Toda la información de los privados de libertad hemos puesto a disposición de estas instancias (como la CIDH). Nunca me ha llegado otro requerimiento de algún tipo de información de esas otras instancias (como HRF) que sacan sus informes viendo los medios de comunicación, no son serios. Lo serio es cuando vienen acá, nos piden informes y nosotros mostramos todo lo que corresponde y ven como están los privados de libertad, ahí podemos referir un informe más serio y reflejado a la realidad”, dijo el titular de la administración penitenciaria. 

El-Hage visitó el jueves a Camacho en la cárcel de Chonchocoro y tras su salida del centro penitenciario indicó que existe “vulneración a los derechos humanos” de la autoridad cruceña en el tiempo que está encarcelado.

“Hemos verificado in situ que el gobernador Luis Fernando Camacho padece desde hace 17 meses tratos crueles, inhumanos y degradantes que son violatorios del derecho internacional”, afirmó El-Hage a la Red Uno.

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Limpias señaló que como administración penitenciaria se informó “muchas veces” que “no hay vulneración de derechos” de Camacho, y que en el tema administrativo se “trata” de garantizar todos los derechos del privado de libertad.

“Hemos informado no solo a nivel de la opinión pública, sino a nivel internacional, también a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) hemos podido dar nuestro informe. Es más, es que la CIDH se ha hecho presente en el penal de Chonchocoro y se ha entrevistado por cerca de una hora con el privado de libertad y ha emitido un informe al respecto al trabajo que hace la administración penitenciaria”, señaló. 

Añadió que las opiniones de instancias que ven cómo es la realidad y cómo se está desarrollando el trabajo de la administración penitenciaria les “tiene tranquilos”, esto en razón que se “está respetando (los derechos) no solamente del privado de libertad de Luis Fernando Camacho, sino en todos los casos”. El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.